Ha llegado el momento de evaluar la obligación para los ciudadanos de ir a votar en los procesos electorales; porque son más los inconvenientes que genera, que los beneficios.  El poder económico, bien o mal habido, ha desnaturalizado la participación ciudadana aprovechando que gran porcentaje de la población que acude a votar lo hace por una obligación impuesta y no por su interés en la materia y/o el deseo de robustecer al sistema de gobierno.  Esta falta de interés trae como consecuencia que muchos ciudadanos tomen su decisión de por quién votar en la cola misma; y peor aún, cuando es frecuente que los titulares así como los suplentes para integrar la mesa de sufragio no acuden a tiempo, debiéndose recurrir a voluntarios; lo que no hace otra cosa que aumentar las sospechas sobre la validez de los procesos en sí mismos.  Las debilidades anotadas son creadas intencionalmente por el poder económico que mantiene su capacidad organizativa y de movilizar recursos con mucha ventaja sobre la que puedan mostrar las organizaciones políticas tradicionales como son los partidos políticos, los cuales han sido víctimas de campañas mediáticas muchas veces financiadas desde el Presupuesto Nacional, medidas que van desde el nombramiento de autoridades poco transparentes que aprueban reglamentos que se convierten en barreras insuperables para los partidos, como por ejemplo el hecho que los personeros de los partidos no puedan cumplir adecuadamente con sus funciones; hasta el traslado de las mesas de votación a pequeños locales, a diferencia con los anteriores procesos en que se utilizaban grandes unidades, aumentando las dificultades para organizar las elecciones desde el punto de vista de la seguridad de los procesos, debilitando las garantías exigidas por el cumplimiento de la voluntad nacional.