El problema de fondo es el precisar si las hectáreas por habilitar serán vendidas a inversionistas en su integridad o si se dará la oportunidad para que algunas comunidades campesinas puedan tener la opción de ser propietarios de parte de éstas, a cambio de ceder sus derechos sobre el terreno que actualmente ocupan, en especial si éstos tienen vocación minera.