En Reddeportiva.net queremos aprovechar la entrevista contenida en el vídeo adjunto para poner contexto a la cuestión constitucional y su correcta interpretación. Cuando se dice que los empresarios en general y el sector pesquero en particular solo requieren estabilidad y tranquilidad para seguir invirtiendo, es claro que se está simplificando el contexto social y constitucional, además de querer plantear una política de lavada de manos como correcta al decir que no están obligados a ir más allá de su zona de confortabilidad. La entrevistada acepta que hay un cambio de concepto relativo a la interacción entre la política y la economía sin reconocer que la política dominante en el periodo 2000-2021 fue impuesta por una alianza política que debe asumir su responsabilidad por los resultados de desinstitucionalización a los que hemos legado. Como también los empresarios deben asumir su responsabilidad política por las acciones y omisiones con las que contribuyeron a crear el entorno que condujo a la ciudadanía cual rebaño hacia dichos resultados en razón de la desinformación creada por el «pensamiento único» de la gran prensa a cuyo robustecimiento contribuyeron tanto por lo dicho por sus voceros en entrevistas formales como por lo que callaron, ya que no hay registro de la evolución del cambio de concepto de las cuerdas separadas, mucho menos de críticas oportunas al grave proceso de corrupción que se menciona, como tampoco de la aún peor causal de impunidad en la cual estamos cayendo. Por último debemos observar que se cae en la crítica de la paja en el ojo ajeno y no de la viga en el propio cuando no se reconocen los límites y las obligaciones que surgen como contraprestación por el derecho del sector privado por la prioridad otorgada en la Constitución al empresariado privado al convertir en subsidiaria la actividad empresarial del Estado. En cuanto a la carga tributaria, opinamos que se debe repensar el tema con mayor información y objetividad porque no hay punto de comparación entre una persona que con las justas llega al mínimo vital, cuando llega, y que paga un IGV relativamente alto; frente al de una empresa o persona jurídica que mueve muchísimo dinero y efectivamente paga en teoría una gran proporción de sus ingresos, pero que en la práctica tiene abiertas muchas puertas de cargo a gastos, diferimiento de pagos, como de elución lo que conduce a cuestionar la justicia del sistema desde un punto de vista integral; como el de su razonabilidad cuando a ojos vista se insiste en la erradicación de la coca y nunca en el control de insumos o del contrabando en la explotación de los recursos naturales, así como en el de otras actividades del crimen organizado que a la larga crea distorsiones de todo tipo.