En política todo tiene límites, como también lo tienen las cuestiones morales. Las Leyes tienen un Espíritu que debe respetarse al amparo de un marco de Valores y Principios. Poner al Tribunal Constitucional por sobre el Congreso Nacional no tiene sentido alguno. El Tribunal solo tiene capacidad para actuar cuando le llega una controversia la que deberá resolver interpretando la cuestión planteada conforme al texto de la Constitución y a los límites que se entiende existen. En cambio, el Congreso Nacional tiene la capacidad, siguiendo el procedimiento establecido, para modificar tanto el texto de la Constitución como los límites de la misma. Que el pueblo es el soberano, nadie lo duda. Pero desde este punto de partida, hasta llegar a la opinión de que existe arbitrariedad en la decisión del Congreso Nacional, hay un gran trecho y de por medio muchos pasos entre los que pueden aparecer muchas interpretaciones, invalidando la acusación de arbitrariedad que el Ministro quiere atribuir a lo aprobado por el Congreso Nacional. Las cosas son lo que son, independientemente del título que lleven. En nuestra opinión no se puede hablar de modificación de la Constitución en el presente caso, si nos atenemos a la letra de la Constitución. Lo hecho por Vizcarra fue un golpe de estado al forzar un argumento sin respaldo doctrinario y menos textual de algún párrafo constitucional; por lo tanto, defender como lo hace el Ministro que la «verdad constitucional» está de su lado sin que sea posible interpretar la Constitución en el sentido contrario no se ajusta a los hechos por cuanto no hay texto en la Constitución que avale la «interpretación fáctica» dada por el golpista Vizcarra. Más bien, la controversia aparece cuando quien ocupaba el cargo de Presidente de la República crea una interpretación claramente incongruente con el ordenamiento y la doctrina constitucional y el Tribunal Constitucional actúa a nivel de susurros al llegar la controversia a sus manos cuando lo que se requería era una voz firme y digna que reestableciera el orden constitucional. Es alarmante para la opinión pública que el Ministro afirme que la oposición tiene la intención de vacar al Presidente, sin darse cuenta que la gestión del Poder Ejecutivo es casi inexistente y sin embargo ningún partido político le está reclamando por esta debilidad que bien podría ser motivo de controversia en función de las distintas concepciones que cada agrupación tenga sobre lo que significa el desarrollo político y económico para la población. Nuestra afirmación la basamos en que mucho de lo afirmado por el Presidente no pasa de ser el título de trabajos por realizar, sin haber llegado a presentar propuestas concretas puestas a la consideración de la opinión pública para su pronunciamiento, como si lo que estuviera esperando fuera el encontrar vientos favorables a ser revelados por la encuestas. Consideramos lamentable que el Ministro no distinga el nivel de las faltas y delitos, del nivel moral y del conflicto de intereses con la coherencia que las altas responsabilidades de los poderes públicos exigen. Vemos continuamente como se minimiza la importancia de los Valores y Principios cuando se trata de los «amigos» y se exagera sus alcances cuando se trata de los contrarios. Más valiera levantar los temas que tengan importancia para conseguir el fin de acelerar la marcha del mundo real, lo que resulta ser prioritario; sin perdernos en cuestiones de segundo nivel que necesariamente tendrán que alinearse con lo que se resuelva para los asuntos importantes. Eso es lo práctico. En cuanto al modelo de la economía social de mercado, tal parece que la entrevista se encamina más por el lado propagandístico que por el lado informativo porque se olvida de mencionar que el Congreso Nacional puede crear empresas estatales, lo que en el fondo es un candado ante tantos abusos cometidos en el pasado; como también se omite que el Sector Público tiene entre sus manos una gran responsabilidad de gestión en los sectores de educación y salud, los cuales acumulan muchas quejas de los usuarios por las deficiencias que permanecen sin poder ser superadas.

Nos ratificamos en la opinión que la pretensión de atar ambos proyectos de Ley tiene intenciones dilatorias ya que uno de los proyectos (el del Congreso) estaba al final del procedimiento como queda demostrado por la realidad, ya que en este momento es Ley debidamente promulgada; sin embargo el proyecto del Gobierno tiene dos partes, la primera referida a la cuestión de confianza que a decir del entrevistado difería poco del proyecto a punto de promulgarse. Para nosotros este argumento más bien debilita la razón para diferir la promulgación del proyecto del Congreso Nacional porque siendo pequeña la diferencia, no llega a tener suficiente valor como contribución al ordenamiento legal para perder todo un trabajo de varios meses y dilatar el inicio del beneficio que aporta por otros varios meses más, hasta que se pongan de acuerdo en la 2da parte del proyecto referida a la redacción de los límites de la vacancia presidencial, la cual recién está comenzando.