Para Reddeportiva.net, quienes utilizan como argumento los resultados parciales de la primera vuelta de abril 2026, no se están dando cuenta que son la consecuencia de un engaño mayúsculo, principalmente de la ONPE, que los inhabilita para ser utilizados como representativos de la renovada voluntad popular.
Nos referimos a la Investigación Forense Electoral, presentada por Renovación Popular, en sus argumentos:
- Patrones extraños y falta de coherencia estadística en el voto cruzado.
- Verificación técnica de la identificación de las firmas de las actas, así como la garantía de tener la plena identidad de las personas que las verificaron en forma previa a su contabilización, con el fin de determinar las responsabilidades de dicho acto.
- El JNE está obligado a verificar la coherencia de la metadata a lo largo de todo el proceso, para lo que debió prever el presupuesto suficiente.
- Evaluación de la serie 900 000: debe hacerse una confrontación de peritos especializados en estadística que puedan pronunciarse sobre su comportamiento y transparencia.
- Evaluación de la capacidad anti-hacker del software, en sus distintas capas, utilizado por ONPE y su comportamiento durante todo el proceso, con mayor razón si se tiene en cuenta que estas deficiencias estuvieron presentes en las elecciones venezolanas donde el jefe de la ONPE estuvo presente.
Que la demora en la llegada de los materiales a los centros de información motivara una elevada ausencia no está en discusión. La cuestión está en determinar las previsiones tomadas, tanto por el JNE como por el Ministerio Público, en prevención de un comportamiento doloso de toda la organización de la ONPE al borde del delito y la respuesta en medidas correctivas adoptadas por la ONPE, con el fin de confirmar la gravedad de las deficiencias que se fueron presentando durante todo el proceso, incluyendo el descarte de la elección digital, y que llevaron al primero a denunciar penalmente al jefe de la última, ante el segundo.
La falta de tiempo no es un argumento aceptable para no buscar la voluntad popular en términos razonables, de acuerdo a la gravedad de las deficiencias denunciadas, ya que propiamente sólo se podría hablar de falta de recursos, lo que sería inaceptable en un acto electoral de tanta trascendencia para la democracia.
El JNE tiene la obligación de tomar la mejor decisión posible. Por lo tanto, está en la obligación de contrastar, a su conveniencia, los reclamos presentados y resolver conforme al ordenamiento legal en su integridad, comenzando por la Constitución y los objetivos señalados para el Sistema Electoral; sin descartar, la realización de un nuevo proceso electoral, si el actual no está en capacidad de alcanzar las garantías exigidas a los procedimientos seguidos, conforme fueron ejecutados.
En cuanto a la posición de Fuerza Popular y otros actores incluyendo los mediáticos, el hecho de no cuestionar la legalidad y la legitimidad de la primera vuelta, obstaculiza la utilización de los mismos argumentos de Renovación Popular en la segunda vuelta.
En conclusión, de mantener nuestra sociedad un relativo alto nivel de indiferencia, el fraude se va a volver a repetir una y mil veces y las elecciones no se van a poder cuestionar válidamente en el futuro cuando la ONPE actúe en forma criminal, perennizando una interpretación inmoral de un acto con tanta trascendencia para el Estado de Derecho.