Los contratos que generan peajes en el Perú han nacido con un problema de falta de transparencia, al que se le une la grave falta de equidad producto de un reconocido proceso de corrupción. Para un gran sector de la opinión pública, los manejos del Estado peruano ejercidos por alianzas políticas más interesadas en satisfacer intereses particulares que nacionales, poco han hecho para generar una legítima defensa de los verdaderos intereses nacionales, quedando pendiente un amplio espectro de acciones que van desde la extradición de Alejandro Toledo hasta el tema de los «cuellos blancos». Es evidente que el haber tenido el tipo de gobernantes que a todos nos consta y el poco convincente manejo de las acciones lideradas por el Ministerio Público, no hacen otra cosa que oscurecer las posibilidades de plantear con convicción, mientras no se haga un estudio con colaboración internacional, una agresiva estrategia que combine tanto demandas judiciales firmes en contra quienes generaron daños que solo fueron posibles de ser inferidos por una organización criminal; como la construcción de obras complementarias que aumenten la oferta alternativa con otras rutas como la extensión del servicio del «tren eléctrico» al cono norte, incluyendo los nuevos desarrollos urbanísticos en los alrededores de Ancón, Huaral y Chancay. Este incremento de la oferta de vías es imprescindible ante «capitalistas» que se mostraron disponibles a convalidar una situación en que la «buena fe» puede ser cuestionada con tanto fundamento.