Nuevamente comentamos los problemas de salud y la explicación dada por el CONCYTEC en un informe (ver https://reddeportiva.net/principal/?p=220686 ) que se publica cuando un sistema de gobierno alineado con la alianza política plutocracia-caviares está llegando a su fin después de 20 años de una lucha política inmoral que le permitió imponer sus prioridades a la gestión gubernamental en forma creciente, así como copar las instituciones más importantes asumiendo todas las responsabilidades de ejecución presupuestal de las que ahora pretenden mantenerse alejados frente a la opinión pública. Hemos comentado que el mencionado informe es una narrativa orientada a justificar lo hecho por el gobierno «izquierdista» de Vizcarra-Sagasti desde que se inició la pandemia sin reconocer las responsabilidades de fondo que surgen de su alineamiento con el proyecto político plutócrata-caviar caracterizado por ser un sistema político esencialmente corrupto que no hubiera sido posible de no haber empleado a la gran prensa como efectiva herramienta de dominación social la cual hizo uso de los más modernos y agresivos métodos de propaganda y lavado de cerebro. El informe es claramente una lavada de manos que pretende ignorar las malas decisiones tomadas por el gobierno al dejar de mencionar las alternativas que se tenían en cada momento en que se acordaron. La falsedad de la argumentación es tan perniciosa que presenta como «dificultades» la compra de mascarillas y otras labores que no son otra cosa que la actividad normal y cotidiana de cualquier gestor. El nivel de desinformación es tan grave que dejan de mencionar al Sistema Metropolitano de Solidaridad (SISOL) creado por la administración del alcalde Luis Castañeda Lossio que en la práctica cumplió una efectiva labor que fuera promocionada por la comunicación del boca a boca ya que los grandes medios pretendieron ignorar, al igual que el informe que comentamos. Se prefiere mencionar que en la Internet hubo desinformación desconociendo la importancia del derecho de prensa y de expresión que ampara al ciudadano y garantiza su libertad y sus derechos fundamentales. Sin embargo, el informe persiste en defender la línea de lo «políticamente correcto» que justificaba el indiscutido alineamiento con una interpretación de las recomendaciones de la OMS cuya fuente permanecía en el anonimato, negándose a exigir presupuesto para realizar los reclamados estudios de los tratamientos al alcance de los recursos que teníamos a la mano. Lo dicho deja en claro que hace falta una verdadera Comisión de la Verdad que haga un balance más equilibrado de la forma en que fue enfrentada la pandemia y las causas directas y remotas del mal desempeño de la gestión del gobierno.