La institucionalidad de nuestro país se encuentra bajo presión al estallar un conflicto de gran envergadura que lleva a cuestionar la forma en que se ha configurado el Sistema Electoral. El conflicto es gigante con lo que caemos en la naturaleza del JNE y la cuestión de la representación de sus miembros. Desde nuestro punto de vista, la declinación del Dr. Luis Arce no hace otra cosa que confirmar la extrema gravedad del conflicto cuya solución exige un pronunciamiento institucional de la representada y no de otro que podría pasar como una opinión personal. En cuanto al representante de las universidades se puede decir que la amonestación ya ha sido hecha con lo que un mayor nivel de garantía podría alcanzarse con la sustitución del mismo. Volviendo al Ministerio Público, se trata de una caso más complejo porque la Junta de Fiscales Supremos, a quien correspondería un pronunciamiento institucional, también tiene bajo su competencia las denuncias por delitos electorales interpuestas por expertos en la materia lo que de hecho estaría generando un conflicto de intereses. Desde nuestro punto de vista, la sociedad peruana se encuentra bajo ataque ejecutado por una alianza de grupos de poder. Siendo el Ministerio Público el defensor de la sociedad por ordenamiento constitucional, debería autoimponerse la obligación de exigir que el JNE constituya garantías para operar con la debida neutralidad y la plenitud de sus 5 miembros, de ser posible.