No se puede argumentar en favor de una negociación que libera las garantías que podríamos emplear en asegurar la defensa de nuestros intereses, cuando de un lado se tiene a una empresa de nivel mundial que sigue una estrategia aprobada con anticipación; y en el otro, a un pequeño grupo de personas, que pueden estar bien intencionadas, pero aparentemente no cuentan con los recursos mínimos, no solo por lo poco que han investigado localmente, sino también porque los riesgos contingentes se están dejando abiertos; o,  por el desequilibrio en el posicionamiento inicial de negociación, debido a la desigual cantidad y calidad de la información con que cuentan.

El monto de la indemnización no debería ser nuestra preocupación, porque el valor de los bienes embargables en nuestro territorio puede ser suficiente para garantizar las responsabilidades que se determinen.  Lo verdaderamente importante es la posesión de información, la que no resulta convincente, ni tiene mucho sentido, cuando se limita a cuatro casos, sabiendo que se está negociando con quienes tomaron todas las decisiones que nos interesan.

El hecho que haya una Ley sobre la materia no justifica que se vaya con el pecho abierto y sin defensa alguna.  En Roma existía el Derecho Romano, pero cuando, por ejemplo, el conflicto era entre un egipcio y un israelita, era evidente que la norma se encontraba sobre pasada por las circunstancias y entraba a tallar el Derecho Pretoriano.  Esta es nuestra tesis que lleva a poner esperanzas en el Poder Judicial como última defensa del bien común, ya que, hasta donde se tiene información, la coherencia entre lo que se ha visto y lo que se quiere admitir, es muy escasa.

Con mayor razón, si se dejan al margen los resultados de litigios actuales y potenciales al no contarse con las cláusulas que aseguren nuestros derechos, que bien pueden ser manejadas si les asignamos los recursos que el caso requiere, con mayor razón si se tienen en cuenta las consecuencias económicas y financieras, para nuestro país en los próximos años, de todo el proceso de corrupción del que hemos sido víctimas.

El argumento de una inminente quiebra de la empresa no tiene validez alguna porque nada impide que, en un futuro, otras empresas planteen nuevas demandas con igual intención, más aun si se tiene en cuenta lo precaria que puede llegar a ser la situación de una empresa que ha tenido el comportamiento desleal que ella misma reconoce.

Con el cariño de siempre,