Es por eso que los procesos de colaboración con las empresas constructoras extranjeras pueden considerarse como una oportunidad, siempre y cuando los daños que absorbamos como sociedad sean compensados por los beneficios que se consigan en un plazo razonable, en forma tal que el desarrollo social de nuestro país no se vea perjudicado. Estos convenios tienen límites poco conocidos que queremos señalar en la presente nota.
Este tipo de evaluación no es fácil y probablemente requiera la asesoría de especialistas que no es común encontrar dentro de nuestras fronteras.
La experiencia nos dice que en nuestro país se dan hechos que no tienen mayor explicación que la existencia de grupos de personas con el carácter de dominante, en uno o varios sectores según la especialidad, que imponen sus propios intereses sobre los del bien común. No sería de extrañar que estos grupos tengan un accionar coordinado en forma tal que nos permitimos hablar de todos ellos como si fueran un solo grupo dominante.
En una primera aproximación al tema, consideramos que existe una opinión generalizada que los sectores donde se dan las condiciones más favorables para la actuación de dicho grupo son los de construcción y de transporte, tanto en el Gobierno Central como los gobiernos municipales. En ese sentido, se debe incluir a todos los ministerios, en la medida que desarrollan actividades vinculadas con los mencionados sectores, debiéndose extender a otras entidades afines que en su oportunidad han llamado la atención pública como Bienes Nacionales, COFOPRI, entre otras que no han sido abordadas con la rigurosidad que exigen los casos de organización criminal.
Se supone, que la colaboración a recibir de las empresas constructoras extranjeras debe tener efectos inmediatos aportando elementos probatorios que permitan no solo aclarar la relación entre dichas empresas extranjeras y los contactos locales empleados para conseguir sus objetivos de enriquecimiento delictivo, sino también la efectiva condena de quienes ejercieron roles determinantes para hacer posible el daño en este lado de la frontera, por tener el manejo de mecanismos clave en la toma de decisiones del poder público.
Queda claro entonces que la mencionada colaboración solo constituye una parte de los actos delictivos que deben ser investigados. En Reddeportiva.net consideramos que el grupo dominante también actuó como organización criminal hacia el interior de nuestra sociedad, ejerciendo un poder sobre la toma de decisiones públicas sin tener una organización que guarde la más mínima relación con lo que podríamos considerar partido político, lo que hubiera extendido, en alguna medida, un manto de protección ante una acusación de organización criminal.
Lo señalado líneas arriba es muy importante tenerlo claro para poder llegar a combatir el delito de corrupción que frena el normal desarrollo de nuestro país.
El análisis de los procedimientos más importantes utilizados por el poder dominante para ejercer el control político empleando medios no previstos en el ordenamiento legal, requerirá de estudios muy especializados, así como un largo tiempo para alcanzar a familiarizarnos con ellos.
Siguiendo con las aproximaciones al tema, estimamos que existe un conocimiento general en nuestra sociedad de cómo se dan ciertos comportamientos extraños en determinados grupos con poder económico. A estas alturas del razonamiento, se nos viene a la memoria la visión del Juez Supremo Domingo García Rada que prefería veranear en un balneario apartado de los poderes económicos, con el fin de evitar el verse comprometido en sus fallos.
No es fácil continuar con el desarrollo del tema, desde la perspectiva de quien tan solo tiene conocimientos generales sobre el comportamiento de las entidades públicas y de las dificultades que el común de las personas enfrenta al impulsar proyectos que pudieran requerir de aprobación en dichas organizaciones. Por lo tanto, se requiere otro tipo de análisis que examine las facilidades que recibieron unos y las dificultades que enfrentaron otros, cuando del comportamiento final de estas entidades se trata.
El enfrentar la corrupción en forma sistemática, requiere de una buena cantidad de recursos que normalmente solo pueden estar disponibles para la Contraloría o el Ministerio Público.
Por esta razón, quisiéramos regresar al sentido común y abordar el tema desde una perspectiva menos rigurosa, pero más convincente, en la medida que nos atengamos a conductas de conocimiento público, lo que comenzaremos a hacer en las próximas notas.
Con el cariño de siempre,