Una situación donde imperan los llamados a la confrontación, en nada favorece el entorno constructivo que debe imponerse para una evaluación serena de todas las propuestas y la superación de todas las observaciones en la forma que corresponde, con mejores criterios y respetando la legalidad.

Entrando en materia, hasta donde entendemos el tema, existen dos vías para determinar responsabilidades y las consecuentes reparaciones patrimoniales.  De la información recibida, entendemos que la negociación llevada hasta la fecha es la que corresponde a la vía penal, bajo la perspectiva de funcionarios del nivel que todos tenemos conocimiento y con las limitaciones propias de estos procesos.

Esta negociación no puede ni debe cancelar la negociación grande, correspondiente a la vía civil, que debe ser conducida por las más altas autoridades políticas, considerando la magnitud del daño que se ha producido.

Por lo tanto, el Poder Judicial en su debida oportunidad debe tener en cuenta estas consideraciones y no permitir que el proceso de negociación mayor, a ser conducido por las autoridades con la más alta responsabilidad en el país, se vea afectado por compromisos que excedan los límites de la vía utilizada por los casos en trámite, como también la liberación de las garantías reales y procesales que tenemos a nuestra disposición, quienes hemos sido víctimas de tan grande lesión. 

La Salud Pública, la Educación, así como otros derechos ciudadanos no pueden verse afectados en forma tal que represente la continuidad de nuestro sub-desarrollo.  La desaparición del estado generalizado de corrupción, debe traer beneficios a ser cuantificados con el fin de compartirlos en un acuerdo de colaboración.

Con el cariño de siempre,