Esta escala de valores se extiende a toda la sociedad, en un proceso normal que sirve de ejemplo de lo que es aceptable o no, el cual, por sus propias limitaciones, impide al conjunto plantearse y alcanzar metas de bien común.

Entre las características más destacadas de su comportamiento, tenemos que:

1. Controla parte importante del Presupuesto Nacional en su propio beneficio.
2. Ocupa puestos clave en toda la sociedad, no permitiendo que la institucionalidad funcione como se espera.
3. Controla los procesos en forma tal, que sólo progresan aquellas solicitudes que favorecen al grupo o sus miembros; evolucionando muy lentamente, entorpeciéndolos y hasta paralizándolos, cuando no cuentan con “padrinos” que apoyen.
4. Utiliza con maestría el apoyo mediático, lo que se ve facilitado por nuevas tecnologías desarrolladas a base de los conocimientos sicológicos.
5. No puede dejarse de mencionar la fácil “judicialización” de todos los procesos, lo que impide corregir los abusos.

Con estos “argumentos”, este grupo ha disfrutado de los beneficios del gobierno desde el año 2000, y desde antes también, porque no se puede pensar de otra forma cuando constatamos que hemos sido víctimas de una “sorpresiva” y gigante estafa.

La pregunta que surge es: ¿cómo cambiar el “orden” establecido?

Lo primero es tener un modelo alternativo.  En este caso nos encontramos con una dificultad ya que muchas palabras importantes de nuestro lenguaje han sido tergiversadas o modificadas en sus contenidos, por lo que deben leerse con cuidado.

1. Toda persona que trabaje para el Sector Público debe entender que la atención al ciudadano debe darse por igual a todos.
2. Que su trabajo debe estar orientado por el deber y no por el favor.
3. Que exista transparencia en la Gestión Pública y que se vele por el bien común.
4. Que se extienda el compromiso del imperio de la “Ley de la Oferta y la Demanda” que, estamos seguros, tiene gran aceptación entre la población; pero se aplica con mucha deficiencia.
5. Que la gestión de los reguladores de la actividad empresarial sea más transparente y cercana al público.
6. Que se modernice la organización del Estado Peruano mediante la aprobación de Planes Estratégicos que orienten a la población, así como mejorar la gestión del mismo mediante la implantación de un modelo que haga uso agresivo de la Tecnología de la Información.

Lo dicho parece ser una declaración de buenas intenciones, como puede haber muchas.  Es por eso que resulta tan conveniente hablar de realidades:

1. Es necesario tomar conciencia que debe producirse el apartamiento de la gestión pública de aquellos personajes que permitieron un daño tan grande y desproporcionado.
2. Que no hemos tenido una oportuna reacción, cuando de defender los intereses peruanos se trató, desde el momento en que se hizo evidente y público, el cuestionado comportamiento de las mencionadas empresas constructoras.
3. Que los medios de comunicación forman parte importante de ese grupo dominante que tanto daño nos ha hecho y sigue haciéndolo; con un comportamiento tan interesado, poco objetivo y sin posibilidades de defensa por parte de los atacados.  El problema es complejo, pero alguna solución debe dársele.
4. Que debe transparentarse cómo ha evolucionado la Deuda Pública del Perú, incluyendo el resultado de los arbitrajes, con el fin de determinar cuán gravosos serán los pagos de la misma.  Esta información debe incluir los peajes con el fin de tener una idea real de cómo se verá afectado el bolsillo de los ciudadanos, para quienes el incremento del PBI no tiene un significado directo, porque en éste también están considerados los ingresos de las empresas.

Creemos que en nuestro país hay profesionales que pueden tratar estos temas con mayor solvencia que nosotros, pero lamentamos que no estén presentes o que no se les escuche.

Sin embargo, el despliegue de una campaña que no hace sino repetir y repetir los mismos argumentos, a un costo que solo puede ser solventado por el Estado Peruano, nos lleva a pensar que la lucha política es entre partes fundamentalmente desiguales, no solo en los medios empleados, sino en los escrúpulos de los que se hace gala.

La lista de argumentos puede ser más larga.  Todos los que leen estas líneas tienen información adicional, mucha de la cual no puede darse a conocer por el problema de la “judicialización” de la política peruana.

Hacemos votos para que las Garantías Individuales puedan ser ejercidas sin temor, ante un Estado que no parece regirse por principios aceptables.

Con el cariño de siempre,