La ciudad de Lima, en su desarrollo histórico, jamás tuvo la importancia que ahora tiene entre nosotros y en Sudamérica, ya que siempre estuvo alejada de un elemento importante del desarrollo de la humanidad como son las rutas de comercio.

Para darnos una idea clara de lo que estamos hablando, mencionaremos a la Ruta de la Seda como un factor importante para alcanzar los niveles socio económicos de los cuales gozamos en la actualidad.

También diremos que las minas de Potosí, tuvieron más vocación de integración con la Argentina que con los puertos del Pacífico, justificando en su oportunidad el traslado de la administración del Alto Perú hacia el Virreinato del Río de la Plata.

La ciudad de Lima no presentó, antes del año 1914, una importancia que la pusiera por encima de Arequipa, Cusco, Ica, Trujillo o Cajamarca, las cuales tuvieron importantes representaciones en el Congreso de la República.

Lima contaba con menos de 500 mil habitantes que vivían rodeados por murallas coloniales.  Su desarrollo urbanístico era casi inexistente.

Es la puesta en marcha del Canal de Panamá lo que introduce el profundo cambio que transforma a Lima en la metrópolis que es ahora; y más aún, contribuye en gran medida a alterar el antiguo equilibrio geográfico en nuestra demografía, haciendo que la costa peruana sobre pase a las demás regiones de nuestro país, como hábitat cuyas nuevas exigencias no han sido tenidas en cuenta por el nuevo orden político.

Más aún, la reciente inauguración del Nuevo Canal de Panamá, con consecuencias todavía no bien determinadas para un nuevo equilibrio en las rutas de comercio a nivel mundial, hace prever que la transformación mencionada en párrafos anteriores no tendrá otra alternativa que la de imprimir un renovado impulso a otros cambios en la correlación de fuerzas políticas en el territorio nacional.

Retomando el tema de los servidores públicos, debemos decir que es notoria la falta de coherencia en el comportamiento de los ciudadanos que integran este grupo.

Se trata de servidores cuya concepción del papel que cumplen se encuentra en las antípodas de lo que los demás ciudadanos esperan de ellos.  Todos nosotros sabemos lo que significa para cualquier persona llegar a tener a tener un “puesto público en propiedad”, por lo que no nos vamos a extender en explicarlo.

Solo  queremos decir que la modificación de este comportamiento debe venir de lo más alto de la organización, cuyo modelo parece ser el repudiado sistema colonial.

No queremos extender mucho la presente nota, por lo que la abreviaremos en algo afirmando que la bicameralidad del Congreso Nacional debería regresar acompañada de un desarrollo de la doctrina constitucional que incluya un nuevo ordenamiento regional de nuestra patria.

También es importante tomar en cuenta las más recientes facilidades que está proporcionando la Tecnología de la Información, lo que no parece ser el fuerte de la gran mayoría de las personas que rodean el poder en la actualidad, como tampoco de la mayoría de los políticos y los opinólogos que frecuentan nuestros medios de comunicación.

Una mesa de partes automatizada, a la que puedan tener acceso los ciudadanos al momento de ingresar sus solicitudes y escritos, sería de gran ayuda para transformar los procedimientos administrativos.  Lo mismo puede decirse de los judiciales.

Hay un dicho que reza algo así como “el mejor sistema falla si las personas que lo manejan no están a la altura del reto, así como que el peor de los sistemas funciona de tener el personal adecuado”

En consecuencia, regresamos al nivel de las personas sobre las cuales no nos corresponde hablar.

Si podemos decir que las instituciones deben trabajar con independencia para lo que es necesario se les organice apropiadamente.

En los últimos tiempos se ha desarrollado extensamente el concepto de buenas prácticas que resulta obligatorio adoptar, para mejorar los modelos de gestión.

También es conveniente incorporar, en los sistemas de control, la consulta previa por parte de los funcionarios públicos permitiéndoles recibir un aval técnico oficial, antes de firmar las resoluciones, en especial cuando se tenga que decidir sobre cuestiones que puedan dar lugar a alguna controversia y no recurrir a terceros que en la práctica no han sido independientes, como lo exigían las circunstancias.

El desempeño de los reguladores también merece ser motivo de una mejorada evaluación.

La falta de transparencia es clamorosa.  Para ejemplo basta un botón.

Desde hace algún tiempo, las empresas de comunicación han sido autorizadas a incluir nuevos servicios en la facturación que emiten periódicamente, sin previa consulta con los usuarios.

La novedad es que los bancos no están aceptando el pago por menor importe al original, tal como creíamos lo autorizaba la Ley correspondiente.  Ahora, es necesario reclamar previamente y que ello sea aprobado, para que luego la empresa de comunicación modifique el importe del recibo y éste pueda ser honrado por el usuario en la institución financiera.

Aunque las empresas de comunicaciones atienden los reclamos con celeridad, no se caracterizan por dar la razón a los usuarios como primera respuesta.  Lo más criticable en todo este asunto, es la poca transparencia en este tema, ya que ha sido modificada la aplicación de la Ley sin que la opinión pública haya sido informada con claridad.

El tema da para ser desarrollado con mucho detalle y por especialistas con mucha mayor solvencia.  Solo requerimos que los medios oficiales, mejoren la forma en que llegan al público en general, ya que las fuentes tradicionales de información han caído en una falta de transparencia y rigurosidad que las desacredita para estas funciones.

Con el cariño de siempre,