Con lo dicho estamos entrando en un terreno difícil. Desde un punto de vista general, se requiere uniformidad en el lenguaje, en especial en el contenido de las palabras, porque de lo contrario no es posible entenderse el uno con todos los otros y viceversa. En segundo lugar, se requiere la coherencia entre todo lo que se dice y todo lo que se hace, lo que no significa la exclusión de posiciones ideológicas, pero sí la coherencia e integridad de las decisiones cuando se las contrasta con la realidad que logran o consiguen. Una posición ideológica significa una particular interpretación de los axiomas a partir de los cuales se evalúa lo que está sucediendo en la realidad, lo cual no autoriza a desconocer hechos que puedan ser relevantes y menos ignorarlos si parecieran contradictorios con los supuestos ideológicos adoptados. El doble patrón de conducta es lo denunciable, es decir cuando no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace; también debe existir coherencia entre las decisiones tomadas y las consecuencias que de ellas se deriven; no se puede decir que se está defendiendo al pueblo cuando la realidad muestra el deterioro del bienestar o la sabiduría muestre las contradicciones. Tampoco se justifica que se esté echando la culpa de lo malo a los otros, sin hacer un examen objetivo del comportamiento propio y de la interacción entre ambos comportamientos, así como de las medidas que debieron o pudieron tomarse para conseguir una mejor coordinación con la finalidad de llegar a los resultados propuestos. La falta de lealtad le quita piso a la base de confianza necesaria para un suave avance de los planes a desarrollarse al interior de toda sociedad; así como aleja las metas acordadas al transferirlas a un nivel menos asequible por falta de seguridades y garantías que permitan mantener los costos y los riesgos en niveles aceptables.
Recientemente, el ingeniero Vizcarra ha hecho una propuesta de acción política a la nación que la plantea en términos que por carecer de entorno previo consistente, no permiten la interpretación inequívoca de sus alcances. Pareciera que parte de una duda existencial que lo lleva a pensar que en nuestro país abundan las confrontaciones políticas y luchas de intereses que perjudican la acción del Estado mientras se encuentra enfrentando una situación de alto riesgo que afecta a miles de peruanos como lo es la pandemia. Planteada en estos términos, dicha propuesta no tiene un claro sentido porque hay una confusión de horizontes. Nos explicamos mejor, en la lucha contra la pandemia no hay confrontación política ni lucha de intereses posible ya que las acciones destinadas al control de aquella son eminentemente técnicas y de corto plazo, en que la Ley le reconoce al Estado, especialmente a los gobiernos, grandes atribuciones. Sin embargo, el tema de la urgencia es irregularmente vinculado al largo plazo cuando se habla del Pacto Perú con el que claramente se quiere dar como aceptable que surja un alineamiento con el pensamiento único y peor aún el imponerlo en un terreno tan fértil para la libertad de pensamiento como es la política. El temor, en este caso, es que cualquier controversia sirva de pretexto para dar un golpe de estado como cuando se dijo que se le había negado fácticamente la confianza a uno de sus ministros, cuando en los papeles, que es lo que manda y podía exigirse, sí se le había otorgado la confianza. En ese sentido, volvemos a lo mencionado en los primeros párrafos de la presente nota cuando se afirma que no alcanzar los niveles mínimos de confianza necesarios, retrasa el avance de todo el conjunto. Más aún si una de las partes cuenta con el apoyo de una clientela que destruye institucionalidad en lugar de construirla.
¿Qué tan limpia es la idea de atribuir carácter de ilegítimos a los intereses de los otros grupos políticos? En Reddeportiva.net hemos sostenido que es una medida prioritaria el restituir la independencia del Ministerio Público que se ha visto afectada desde que el ingeniero Vizcarra regresó precipitadamente desde el Brasil para interferir en el accionar del Fiscal de la Nación, con lo que parece haber tenido como objetivo personal el mantenerse alejado de los tribunales de justicia como procesado. Este tema tiene su importancia, pero también un plazo que la opinión pública sabrá exigir.
La independencia del Ministerio Público tampoco puede ser considerada como un tema para el Pacto Perú por que las dificultades que viene enfrentando la fiscalía son de larga data (ver Nota 1) y exige soluciones “para ayer”. Más aún si el origen corrupto de los actos por los cuales son iniciados los procesos está fuera de discusión. La responsabilidad de adoptar la estrategia más efectiva para llevar adelante la defensa de los intereses del Estado corresponde a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo debiéndose encontrar la solución en el terreno de la técnica jurídica y procesal, no habiendo Ley alguna que las haga delegables, por lo que tampoco este tema puede entrar en el Pacto Perú. Menos aun cuando en el corto plazo urge encontrar una pronta solución ante el total desequilibrio de los beneficios recibidos por las partes, en el que el marcador indica que estamos perdiendo por goleada a cero; ante el transcurso del tiempo en que no se consigue logro alguno desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales haciendo necesaria la inmediata acción de toda nuestra institucionalidad con el fin de evitar la prescripción o la convalidación de los hechos cumplidos; y, ante la necesidad de evitar una sobrecarga sobre el ciudadano que seguirá sosteniendo un oneroso servicio de peaje en un entorno de grave recesión como consecuencia de una crisis sanitaria, en que abundan las ollas comunes. Estas exigencias deben ser resueltas por el Poder Ejecutivo en el corto plazo y nada indica que sean negociables en el marco de un pacto como el propuesto.
El ingeniero Vizcarra ha hecho una convocatoria a la unidad y el consenso nacional rodeándola de argumentos urgiendo a la lucha contra un enemigo común, poniendo los intereses del país por delante. Desde nuestro punto de vista hay mucho de manipulación y controversia en dicha convocatoria (ver Nota 2). En la primera parte de la presente nota hemos tratado de presentar el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de un ciudadano que busca y exige la honestidad y el compromiso que encamine a nuestro país con paso firme hacia la solución de todos sus problemas. También estamos convencidos que una negociación de intereses solo es posible para temas de mediano y largo plazo habiéndose dejado constancia expresa de la incompatibilidad de involucrar algunas urgencias con la negociación propuesta. Entendemos que el ingeniero Vizcarra ve su trabajo como el de jefe de gobierno y que en los hechos no cuenta con partido político y menos con una bancada que lo defienda en el Congreso Nacional, razón por la cual desea continuar con el apoyo del Acuerdo Nacional lo cual puede ser entendible en las muy especiales circunstancias de la coyuntura actual y personal del ingeniero, pero que en nada justifica prolongarla más allá de su mandato. El conjunto Vizcarra-Acuerdo Nacional parece asumir la representación de la alianza política de los poderes fácticos núcleo duro plutocrático y del doble patrón de conducta que ha conseguido y mantenido las riendas del poder en nuestro país en los últimos 20 años. El duro revés sufrido recientemente por esta alianza al negarse la confianza al gabinete Cateriano nos lleva a una nueva solicitud del mismo procedimiento por el cual el gabinete Martos deberá generar su propio proceso para recibir la confianza del Congreso Nacional. Desgraciadamente, un nuevo obstáculo surge por una acción voluntaria del Gobierno Central cuando realiza actos incompatibles con una política de defensa de los intereses del Estado Peruano, vinculados al caso de mayor corrupción en nuestra historia. Nos referimos a la reactivación de la Tercera Etapa del Proyecto Chavimóchic con la participación de una empresa probadamente corrupta como Odebrecht con lo que se robustece la posición de todos los corruptos porque aporta mayores elementos a los hechos cumplidos que restan soporte a la defensa de los intereses peruanos, debilitándola por la convalidación de una “renovada confianza” que significa el volverle a entregar dineros estando pendientes tantos juicios y situaciones poco claras. Para Reddeportiva.net no hay duda que esta decisión, de confiar nuevamente en la mencionada empresa autoproclamada como corrupta, que todavía mantiene conflictos abiertos con los intereses del Estado Peruano, responde a una decisión del Poder Ejecutivo de crear un nuevo conflicto político de graves dimensiones con el que se pueda justificar un nuevo golpe de estado ya que se podrá alegar, con el apoyo del cártel mediático, que la oposición está negándose al llamado de unión de todos los peruanos en un momento de grave crisis sanitaria, negándose a aceptar que el oportunista en esta ocasión es el propio ingeniero Vizcarra que por decisión propia está tratando de ingresar un contrabando en perjuicio de los intereses del Perú.
Pertenece al campo de la madurez política entre los líderes el superar el impase señalado en el párrafo anterior que, en esta oportunidad, se presenta cuando se quiere cobijar bajo el manto de una muy fuerte crisis sanitaria, un tema muy controvertido como lo es el debilitamiento de la defensa de los intereses del Estado Peruano en un caso tan grave como lo es el lava jato. Consideramos importante que el tema de la defensa de los intereses del Estado Peruano se trate en forma expresa en la sesión destinada a la cuestión de confianza, como también pensamos que puede quedar pendiente para una próxima interpelación que aclare y detenga un nuevo abuso de parte de la corrupción, como sería el caso de la reactivación del proyecto Tercera Etapa de la Irrigación Chavimóchic bajo la conducción de la mencionada empresa.
El ingeniero Vizcarra aún no toma conciencia que “nadie está por encima de la Ley” y que su comportamiento autoritario tiene que ser moderado porque el abuso con el que ha actuado y al cual se puede atribuir mucho de la debilidad del Estado Peruano para enfrentar una pandemia que no se presentaba mayormente complicada desde el punto de vista sanitario sino logístico, le corresponde en gran medida la responsabilidad derivada del cómo fue enfrentada la crisis, tanto por la clara ideologización de las decisiones con las que se trató de enfrentar el ataque viral, como la frontal lucha con la que se debió asumir el ambiente de desinformación que acompañó las primeras etapas del proceso.
En Reddeportiva.net hemos sostenido que una de las acciones más perniciosas con que se atacó a la sociedad fue la desarticulación de sus organizaciones sociales (ver Nota 3) y que el Defensor del Pueblo está tratando de revalorar (ver Nota 4) pudiendo decirse que estas sugerencias pueden apoyar muy efectivamente la acción del Estado contra la pandemia, cualesquiera que sean las soluciones adoptadas por el nuevo gabinete. Debemos estar conscientes que este tema de Odebrecht no es uno de largo plazo para ser materia del Pacto Perú en el que se pueda alegar en alguna forma la necesidad de negociar intereses. El tema Odebrecht es claramente un tema vinculado estrechamente al ahorcamiento económico de los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, los que se verán más afectados por este proceso de corrupción por largos 40 años, si no tomamos las decisiones adecuadas para enmendar el debilitamiento de la estrategia de defensa de los intereses del Estado Peruano en el caso lava jato; el cual justificadamente podrá ser diferido expresamente para una próxima interpelación de los ministros vinculados al tema.
Con el cariño de siempre,
Nota 1: https://reddeportiva.net/principal/?p=135026
Nota 2: https://www.youtube.com/watch?v=kuaL7c7Eq9I
Nota 3: https://reddeportiva.net/principal/?p=153986
Nota 4: https://www.youtube.com/watch?v=mhBZcS464MY
Notas anteriores sobre el tema: https://reddeportiva.net/principal/?cat=200