Nuestra intención es la de impulsar la creación de un modelo teórico orientado a favorecer las posiciones de centro político por considerarlas más equilibradas para una correcta interpretación de lo que realmente nos está sucediendo, así como para una mejor definición del interés general que permita una más precisa evaluación de la gestión pública de nuestro país.  Estamos convencidos que un poco de observación es suficiente para darse cuenta que el centro del espectro político ha sido sistemáticamente atacado desde ambos extremos del mismo, ignorando toda lealtad y escrúpulo; consolidando tanto un lenguaje intencionalmente alterado para defender los intereses del grupo dominante; imponiendo una escala de valores actualmente vigente orientada en los hechos a justificar una ética cortoplacista responsable de impulsar un círculo vicioso que se retroalimenta a si mismo caracterizado por una permanente búsqueda de oportunidades ilícitas, más conocidas como “vivezas”; como también de una irregular práctica del “atarantamiento”, por no decir “hurto”, “insulto”, “abuso”, “prepotencia” y “avasallamiento” (un claro ejemplo de estas prácticas lo tenemos en la última encuesta nacional, sobre 800 encuestados a través de la Telefonía y la Internet, difundida impunemente y que no tiene validez alguna); y, generalizando la descarada presencia del doble patrón de conducta, que disimulan con gran cinismo, y del cual obtienen gran ventaja y provecho.

Lo grave de esta concertación política es que colocó en puestos de poder a autoridades tanto en el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales a personajes que permitieron el funcionamiento de un entorno cómplice que favoreció el irregular otorgamiento de licitaciones en favor de empresas que inflaron sus propuestas por montos que es difícil imaginar con el fin de atender irregulares e ilegales requerimientos; y, no estamos hablando de los aportes de campaña que, en principio, no encajan con figuras tipificadas en el Código Penal para los procesos ya realizados, pero que podrían llegar a constituirse en alguna otra figura delictiva, de haberse otorgado lesivas licitaciones cuyo juzgamiento está en manos del Poder Judicial.

Creemos que es importante hacer un recuento de algunos hechos significativos con el fin de descubrir patrones de comportamiento que permitan una evaluación objetiva de los mismos.  También insertaremos nuestras opiniones de las que dejaremos constancia, con el fin que ustedes puedan plantear razonamientos alternativos, o encontrar otros elementos de juicio que las validen o las desmientan.

Queremos advertir que nuestra hipótesis también encuentra otras causas, para el fenómeno analizado, en algunos procesos adicionales al de la concertación arriba mencionada, que esperamos queden claros al final de la presentación.  Es importante recordar que si bien el Gobierno Militar hizo un retiro ordenado del gobierno político que ejerció hasta el año 1980, dejó un país que más parecía un polvorín sobre un campo minado.  El arquitecto Belaúnde asume la Presidencia de la República y realiza un gobierno muy parecido al primero de 1963-1968 caracterizado por la controversia con el Partido Aprista y la estrechez financiera que no permitió la realización de un mayor número de obras públicas, como tampoco se pudo lograr una adecuada programación de la deuda externa, a pesar de contar con importantes asesores que poseían notorias relaciones con los centros de poder internacionales.  No podemos dejar de mencionar una importante diferencia como fue la no recuperación de un programa de voluntariado denominado Cooperación Popular, que tan buenos resultados generó en su gobierno anterior.

Al Presidente Belaúnde sigue el Presidente García que se traba en una competencia con su Primer Ministro Alva Castro por aparecer como el más generoso con el pueblo peruano.  Es así como se llega a la decisión de suspender sustancialmente la amortizaciones de la deuda externa con lo que la caída de la “moral pagatoria” es santificada en los más altos niveles de autoridad en nuestro país.  La falta de independencia del Banco Central de Reserva permitió que se produjeran los más altos déficit en el Presupuesto Nacional.  Las consecuencias no se hicieron esperar por lo que el creciente y desmedido déficit agudizó el proceso inflacionario que se prolongó y agravó en el tiempo convirtiéndose en hiperinflación.  Este fenómeno tiene efectos muy perniciosos en la visión de negocios de los empresarios y emprendedores porque desalienta los proyectos con procesos de maduración de largo plazo, debido a la gran desventaja que los afecta al descontar los flujos futuros (muy bien reflejada por las matemáticas financieras), frente a otros cuyo proceso de maduración se alcance en el corto plazo; siendo inmejorables los negocios que se realizan en un cambio de manos, aunque poco tengan que ver con una mayor productividad y sí mucho con el oportunismo. 

La moral pública siguió deteriorándose aún más con nuevos ataques; esta vez desde un proceso que en nuestra opinión tuvo origen en una concepción de gobierno que afectó un extenso sector de la administración pública al darle, a la contratación de personal, un carácter de movilización social con forma de botín.  Si a este esquema agregamos la falta de disciplina y la impunidad con la que se actuó, llegamos a situaciones extremas que tarde o temprano se tendrían que pagar.  Estas agudizaciones dieron lugar a que apareciera una nueva forma de corrupción del tipo hormiga caracterizada por sus pequeños montos y muy numerosas oportunidades que, agregadas a las tradicionales, dañaron severamente la escala de valores del Sector Público y del Sector Privado hasta nuestros días.  Estos hechos alcanzaron un enraizamiento tan profundo que modifico el concepto de lo éticamente correcto, debilitando la conciencia de toda la sociedad, a la que con mucha facilidad aún se le puede convencer de tomar decisiones reñidas con los principios de equidad, solidaridad e integridad.

El gobierno que asumió funciones a partir de 1990 no tuvo alternativa a la de ejecutar un shock económico el cual fuera soportado con gran resiliencia por la población peruana.  Este hecho fue el punto de partida de un proceso integral que abarcó desde la reconstrucción de carreteras, la privatización de muchas empresas públicas, así como la adopción de una política económica que aceptaba como válida la llamada “ley de la oferta y la demanda” la que se creía solo operaba en el Mercado Mayorista; con mayor razón si un amplio sector de la economía quedó en manos privadas y con los impuestos de aduana a la baja.

Estas reformas fueron acompañadas de muchas otras medidas administrativas como las relativas al Sistema de Supervisión de Importaciones que les estamos presentando como botón de muestra (ver Nota 1) de las reformas que se pusieron en marcha.  El trabajo de investigación al que estamos haciendo referencia utiliza claramente un lenguaje académico que debe ser leído entre líneas, desde una perspectiva que considere los procesos que hemos mencionado en los párrafos anteriores, para comprender el por qué se adoptaron las aparentemente excesivas decisiones que se tomaron.  El tema es sumamente complejo porque donde hay un corrupto, también hay un corruptor, con lo que llegamos a responsabilidades compartidas en los más altos niveles de la sociedad en general que permitieron se alcanzaran formas de desgobierno nunca antes vistos, sin que ni siquiera se planteara solución alguna a la situación antes descrita.

Lo que queremos resaltar es que no se trata que haya empresarios “rentistas” sino que por el contrario, los empresarios se adaptarán a las leyes que existan tratando de obtener el mayor provecho conforme las reglas bajo las cuales opera el gobierno y la sociedad en general.

Por ejemplo, en nuestro país los negocios generan significativas ganancias, las que normalmente eran “bombeadas” hacia el exterior en forma de divisas mientras existió el control de éstas que a su vez producía un efecto de subvaloración del producto de las exportaciones.  Este razonamiento trajo como consecuencia que el país viviera bajo una permanente escasez de divisas, agravando los problemas de deuda externa ya que los empresarios consideraban más productivo el tener recursos ociosos en el exterior, que darse el trabajo de hacerlos producir dentro del territorio nacional, al considerar que la adquisición de moneda extranjera artificialmente barata era una oportunidad que no se podía desaprovechar, con lo que se seguía alimentando el círculo vicioso.  La situación se revierte fundamentalmente cuando desaparece el control del cambio de la moneda extranjera, con lo que la tendencia de llevarse los capitales hacia el exterior queda sin sustento.

El gobierno de Alberto Fujimori, cuando finaliza, da  lugar al inicio de un proceso anticorrupción que sancionó en extenso a quienes la opinión pública veía como los grandes responsables de que ésta se diera, iniciándose numerosos procesos a cargo de las instancias judiciales competentes.  Mayores precisiones están fuera del objetivo de la presente nota más orientada a los aspectos globales que a casos específicos.  Es por eso que nos interesa ubicarnos en el periodo del 2001 en  adelante.

Para los propósitos de nuestra nota es importante decir que Toledo asume la Presidencia en circunstancias de mucha incertidumbre general.  Da la impresión que la variable económica caminaba con cierta independencia del esquema político, aunque de alguna forma quedaba la incertidumbre.  Nos explicamos mejor.  Muchos proyectos privados, en especial de medianas empresas, ya habían iniciado sus planes de crear negocios y se encontraban en proceso de ejecución cuando surgió la incertidumbre creada por la posibilidad de una reelección adicional de parte de Fujimori.  La incertidumbre política quedó atrás cuando llegó el nuevo gobierno, manteniéndose la incógnita sobre cómo evolucionaría la economía bajo el nuevo régimen.  Si bien había confianza en el país, el contexto era de poca información, derivada del radical cambio en el modelo económico y el hecho que la administración pública no había adaptado sus procedimientos a los nuevos conceptos que estaban recibiendo aceptación social.  En términos generales se puede decir que hubo entusiasmo por la respuesta de los medianos empresarios, lo que ocurrió con tanta fuerza que hasta sorprendieron al Banco Central de Reserva que recién pudo reorganizar su trabajo estadístico para poder reflejar la evolución de nuestra economía.  Confirmando lo dicho, fueron los medianos empresarios quienes comenzaron a consolidar la nueva concepción económica y a ratificar los principios económicos previstos en la Constitución.  Más bien eran los políticos los que hasta hace muy poco siguieron apostando por el régimen de la Constitución de 1979.

Con Toledo se completa el diseño de una estrategia de comercio exterior que es puesta en marcha y adoptada por el empresariado nacional la cual ha resultado exitosa.  Evidentemente, no en todos los sectores se actuó con la misma transparencia como lo es la explotación del gas de Camisea, así como otros proyectos donde la corrupción consiguió apoyo político, mediático y de malos profesionales, iniciándose la muy profunda crisis social en que nos encontramos y cuya solución todavía es de pronóstico reservado.  No se puede dejar de mencionar el tema de la Regionalización que fuera aprobado más como un emblema que como un problema sustancial.  Nos explicamos mejor, El gran problema del Perú es el de su organización general, cuyo aspecto político lo encontramos en el todavía inconcluso proceso de Regionalización; existiendo también el Sector Social más identificado con el de las Organizaciones de Base el cual ostensiblemente ha perdido mucho de la prioridad que gozó en otros tiempos.  El hecho que no se hable del tema de manera integral es una clara prueba que este asunto no está entre las primeras prioridades de quienes tienen el poder en nuestro país.  Abordar esta cuestión resulta imprescindible para llegar a una solución de fondo que cubra todos los problemas que afectan a la mayoría de los peruanos.  También queda confirmado que hay más interés por mantener vigente las políticas de vitrina y de difusión de imagen, con las cuales intentan seguir manipulando a la opinión pública, con apoyo de mecanismos que califican en la clase de la zanahoria y el látigo; que en asumir nuevas funciones de gobierno que amplíen las responsabilidades del bienestar en beneficio de las mayorías y del bien común.  Desde nuestro punto de vista, la Regionalización iniciada en el gobierno de Toledo tuvo una agenda oculta más en línea con la reiterada política de desorganizar al pueblo peruano cuyos antecedentes los encontramos desde cuando se suprimieron las clases de instrucción pre-militar porque los más interesados en ellas eran los futuros guerrilleros, decisión que tuvo que rectificarse parcialmente cuando se tuvo que pertrechar a las rondas campesinas.  Otro caso, quizás más importante, es la desaparición del cuerpo de voluntarios de la Cruz Roja Peruana que tanto reconocimiento obtuvo en el pasado y que en los momentos actuales del COVID-19 nos hubiera sido de mucha  utilidad, en la misma línea de solución utilizada en Inglaterra (ver Nota 2).  En nuestra opinión, la intención de desorganizar al pueblo peruano se encuentra presente en un amplio rango de disposiciones que van desde el voto preferencial, hasta la no reelección de Congresistas donde la rotación ya era muy alta, por lo que la justificación de estas medidas debemos buscarlas entre otros intereses que no son los del pueblo peruano.

La nota está saliendo muy larga, pero es urgente e ineludible tratar los periodos del Alcalde Castañeda (2003-2010) y del Presidente García (2006-2011) en que la obra pública tomó vuelo.  Está claro que el Alcalde Castañeda pudo avanzar en este periodo porque eludió la normatividad local utilizando organismos internacionales que lo protegían de arbitrarias decisiones de los grupos de interés locales; y, porque gracias a su reconocida creatividad impulsó obras que hubiera sido muy impopular detener como las escaleras solidarias o los clubes del pueblo más en línea con las políticas de bienestar, que con las de la manipulación de la opinión pública como fueron presentadas por la prensa.  En cuanto al Presidente García la situación es más compleja porque la obra fue muy amplia, aunque no todo le salió bien.  Es por eso que se requiere una investigación más seria que el recuento que podamos hacer en la presente nota, el cual ustedes fácilmente podrán corroborar, como el cierre del sistema eléctrico interconectado a nivel nacional, las obras de agua potable y alcantarillado desde Ancón hasta Manchay, la Carretera Longitudinal de la Sierra, así como muchas otras obras públicas en que lamentablemente también intervinieron los miembros del club de la construcción. 

Análisis separado merece la contratación de personal calificado para ocupar puestos claves en la administración pública.  Es del caso recordar que esta fue una de las más importantes debilidades del gobierno de 1985-1990 en que se dio preferencia a miembros del partido oficial de gobierno.  En esta nueva oportunidad, se puso especial empeño para no caer en el mismo error, por lo que se recurrió a notables sin compromiso ideológico con consecuencias que trataremos de esclarecer con fines del diagnóstico en el que estamos empeñados.  Como este es un terreno controversial, queremos dar una opinión a partir de hechos reales que podrían considerarse como un botón de muestra de lo que realmente sucedió a lo largo y ancho de toda la administración pública.  A fines del gobierno de Fujimori se dio una nueva Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en la cual se consagraba el principio que las Federaciones Nacionales elegirían a sus Juntas Directivas por voto de las asociaciones deportivas que las conformaban de acuerdo a sus propios estatutos.  Esta revolución derogaba una larga práctica de intervención del Gobierno Central en el manejo de las entidades rectoras de cada disciplina deportiva y ponía un germen de organización social con un alto grado de democracia interna con el fin de descentralizar la gestión.  No queremos hacer larga la explicación, pero es a inicios del gobierno de García que se intentó modificar este principio y se impulsó una Ley que alcanzó la aprobación del Congreso Nacional mediante la cual se aprobaba la designación de los Presidentes y los Tesoreros de las Juntas Directivas de las Federaciones Nacionales por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), dejando los otros dirigentes a ser elegidos por las bases.  Fue la oposición del Comité Olímpico Peruano y de las Federaciones Nacionales la que consiguió que el Presidente García la observara.  Esta no fue la única arbitrariedad que afectó al deporte nacional, pero haciendo la lectura de todo lo ocurrido, se puede inferir una grave infiltración del Estado Peruano que quería impulsar la acción pública en dirección contraria a la de una sana democratización y de una organización integral de la sociedad peruana.

Estamos convencidos que fue durante el gobierno de García que el Estado Peruano fuera copado por el grupo dominante que edificó su poder con Toledo y se preparó convenientemente para aprovecharse de una debilidad de toda la sociedad peruana y que es necesario develar en forma tal que permita la desarticulación del mencionado grupo dominante por sus efectos negativos y por haber formado parte del nuevo proceso de corrupción que tanto daño nos ha hecho en los últimos 20 años.  Este grupo dominante consolidó aún más su poder con la llegada de Ollanta Humala a la Presidencia de la República.  Indicios para esta hipótesis hay muchos, que van desde cambios en la gestión de los medios periodísticos, hasta la designación de funcionarios públicos durante el periodo de Kuczynski-Viscarra que fueron formados durante todos los gobiernos desde el 2001.  Del tiempo que sigue, poco se puede decir que no sea que el país casi se ha frenado y que como consecuencia de la cuarentena generalizada producto del COVID-19 mucho se puede descubrir sobre lo que debe cambiar en un futuro, para lo que será necesario hacer un esfuerzo sostenido con el propósito de definir prioridades más alineadas con los intereses generales del país, los cuales pasan por la creación de una verdadera organización política y social que aproveche de la mejor manera esa capacidad del pueblo peruano que muchas virtudes ha demostrado, destacando aquella verdadera prueba de su firme voluntad por salir adelante como lo fue el Fujishock del año 1990.

En Reddeportiva.net queremos insistir en que la solución de nuestros problemas pasa por la atención de la cadena de Valores y Principios para encontrar una solución.  Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de protocolos y su aplicación, sin mencionar que cualquier protocolo tiene implícita una organización.  Desgraciadamente, en el Perú de hoy, la organización del Estado Peruano no es el de una entidad orientada al bien común, por lo que su accionar presenta muchos inconvenientes cuando de responder a los intereses generales se trata; ya que está configurado más para atender las órdenes personales del gobernante de turno que las metas y objetivos que convengan a la sociedad en general, así estos cuenten con el mayor sustento desde el punto de vista científico.  Desde nuestro punto de vista, esta visión de la organización general en nuestro país ha sido intencionalmente malformada con el fin de facilitar la manipulación que realizan los medios de comunicación para modificar la opinión pública a discreción, la que con mucha deslealtad es dirigida para favorecer particulares intereses personales y de grupo.  Para aquellos que afirman que la aplicación de los protocolos funciona independientemente de la organización, les decimos que cualquier protocolo tiene una organización que le es afín con la cual funciona y consigue los resultados esperados dentro de los parámetros de funcionamiento para los que fueron diseñados.  En otras palabras, así el gobierno quiera dar la impresión que todo se encuentra en orden y que nos está haciendo el favor de ayudarnos, la realidad es que nuestros protocolos están hechos para funcionar en una sociedad muy inequitativa como la peruana que satisface preferentemente las necesidades de determinados sectores privilegiados, razón que explica el por qué no se puede reconstruir el Norte Peruano; o, el alto costo en que va a incurrirse para superar la crisis de salud provocada por el coronavirus.  Está claro que una política de vitrina está más orientada al engaño que al adecuado y eficiente manejo de una situación.  Que la organización de nuestro país no estaba adecuada para enfrentar una campaña como la que se necesitaba para enfrentar al coronavirus no nos debe extrañar.  Hasta en los EE.UU. de América se está reconociendo que una campaña como la requerida no estaba prevista.  En otras palabras, se está improvisando y eso no tiene nada de malo porque si bien hubo algunas personas que lo previeron, la respuesta se está dando ante acciones extraordinarias toma un tiempo mayor que el normal para hacerse realidad.

Lo que queremos destacar es que el gobierno está minimizando la importancia de políticas de organización social porque sigue haciendo uso intensivo de la campaña mediática con mensajes de creación de imagen y medidas efectistas incompatibles con la verdadera realidad de nuestro país, lo que significa la continuidad de la política de vitrina compatible con el engaño; en lugar de emplear mensajes más realistas y apropiados a nuestra realidad con defectos que debemos corregir debiendo invocar más respeto por elevados fines del bien común, que refleje el verdadero esfuerzo que vienen realizando las distintas organizaciones y la mayoría de la población en general que solidariamente asume sus responsabilidades en forma coherente con lo que de ellos se espera, esforzándose por cumplir con las sobrecargas que vienen soportando algunos sectores que debieron contar con las reservas, las previsiones y las facilidades del caso, de haber existido una mejor organización y no soslayar las deficiencias con lo que solo consiguen crear falsas expectativas desorientando a la población en todos sus niveles.

En otras palabras, es importante ser transparente cuando nos dirigimos a la opinión pública porque no se puede subvalorar su inteligencia.  Ese es el caso del siguiente enlace en que el ingeniero Vizcarra (ver Nota 3) busca influenciar en la opinión pública sobre el contrato que resuelve el contrato del gasoducto del sur diciendo que se hizo por que no se consiguió cerrar el financiamiento, pero calla sobre la posibilidad que podría tener un tercero que intervenga para beneficiar a Odebrecht.  O cuando dice que no negocia con corruptos y calla que ese argumento no ha sido esgrimido ante los tribunales internacionales.  En otras palabras: ¿Cómo puede estar seguro que Odebrecht va a perder cuando nuestra estrategia no está siendo adecuadamente definida? No creemos conveniente que se dé este tipo de entrevistas que son sobre temas tan complejos que nunca van a quedar cubiertos a satisfacción.  Estamos presentando el vídeo porque quien está ocupando la Presidencia de la República niega su condición de Jefe de Estado, lo que sí nos parece inaceptable.

Con el cariño de siempre,

Notas anteriores sobre el tema: https://reddeportiva.net/principal/?cat=200

Nota 1: PAZ SOLDAN, Julio y RIVERA, María Del Carmen: “La Reforma Comercial y de Aduanas” Marzo de 1999, http://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2018/01/1999-La-Reforma-Comercial-y-de-Aduanas.pdf

Nota 2: https://www.youtube.com/watch?v=gFH2HtS_r4k   

Nota 3: https://www.youtube.com/watch?v=krHwFDmcsAk