Es en la lucha política donde los parecidos se muestran muy preocupantes. En el siglo XX, los desentendimientos fueron creciendo llegándose a actos de gran violencia que ya hemos reseñado. Cuando llegó el momento de la conciliación, durante el segundo gobierno de Prado, la campaña de odio continuó hasta el final de siglo con los resultados que todos conocemos. En el siglo XXI, se repite la campaña de odio, la cual será efectiva en beneficio de los intereses del grupo que la impulsa, pero producirá los mismos resultados generales de bloquear las soluciones que necesita nuestro país para superar los bajos niveles de bienestar que mantenemos en nuestra economía.
El primer paso que tenemos que dar es, sin duda laguna, el de respetar la independencia de poderes, en especial la del Poder Judicial y la del Ministerio Público que deben enfrentar con autonomía los retos que les plantea la endémica desinstitucionalización en que hemos vivido.
El segundo paso que debemos dar es el de corregir toda la estrategia legal que hemos seguido en el proceso del caso contra el “club de la construcción”. Esta responsabilidad recae claramente en el Poder Ejecutivo que no puede librarse de su responsabilidad si no se alcanzan los objetivos a los que podemos aspirar. No es que estemos en contra de los convenios de colaboración ni nada parecido, pero es claro que su ejecución viene siendo muy mal aplicada; tanto, que es muy razonable pensar que no se alcanzarán los niveles mínimos a los que hemos podido arribar.
El tercer paso que debemos dar es el de evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. En Reddeportiva.net opinamos que existe un grupo dominante que debe ser desarticulado para conseguir este nuevo objetivo. Este tercer paso requiere definiciones adicionales, las que trataremos de presentarles en las siguientes líneas.
Estamos seleccionando dos referencias con el fin de acelerar la comprensión del tema. La primera trae a la memoria la época en que el APRA se encontraba activa en su quehacer por llegar al poder durante la persecución. Se cuenta que abordaron a Haya de la Torre, líder del movimiento, y le plantearon la urgencia de dar el golpe de estado para poner término a la confrontación desmedida. La respuesta del líder se orientó a la necesidad de organizar el nuevo gobierno, para lo cual se debía pensar en cómo cubrir los principales puestos de la administración pública. Acto seguido, comenzaron a estructurar un plan de recursos humanos y en muy poco tiempo se encontraron con el hecho que les faltaban cuadros para tan exigente misión.
Opinamos que esta anécdota, muy difundida en su época, tuvo su peso en la interpretación de la realidad del momento, durante los dos gobiernos del APRA, en especial en el segundo cuando se trató de evitar caer en los errores del primero.
La segunda se refiere al hecho que durante el segundo gobierno de Manuel Prado, se dio una situación de paralización convocada por algunas Comunidades Indígenas como eran conocidas en esa época, hoy Campesinas. La situación de fuerza y enfrentamiento se mantuvo por mucho tiempo alcanzando niveles de violencia desconocidos hasta esa época. La administración fue dando trámite a las demandas y resolviendo lo que consideraba conveniente sin que se produjera el cese del empeño por la paralización. Los comuneros exigieron la intervención del Presidente de la República quien, tomándose su tiempo para decidir, se pronunció confirmando lo resuelto por sus subordinados lo que, al parecer, no colmaba las aspiraciones de las Comunidades. Esta posición tuvo una argumentación de institucionalidad a partir de la cual evolucionó gran parte del derecho administrativo que se configuraría en los siguientes años. Lo sorprendente de la situación fue el inmediato cese de las medidas de fuerza y una completa normalización de las actividades económicas de la región afectada.
Estos hechos introdujeron en la conciencia nacional un convencimiento de país unitario, institucional y de organización constitucional que había sido puesta en duda hasta el gobierno autoritario y casi dictatorial de Manuel Odría.
Una pregunta cae de madura, ¿cómo es posible que hayamos llegado a la actual situación de grave crisis moral? Es un hecho que no hemos podido dar solución satisfactoria a casos extremos como el terrorismo, los feminicidios, los fallecidos en las carreteras, las falencias en la salud pública, la incompetencia de la educación estatal, el mal uso del Poder Judicial donde se han consolidado prácticas de cuya existencia no se tiene clara información, la saturación de las cárceles, la violencia callejera, el incremento de la mortandad en sectores expuestos, los suicidios, la estrepitosa caída de la integridad profesional, entre otros factores que los especialistas pueden identificar mejor.
Comencemos a descartar algunas posibilidades. Se responsabiliza al “sistema” en declaraciones con gran carga ideológica sin identificar con claridad lo que quieren decir con esto. Es del caso señalar que normalmente quienes hacen esta afirmación nunca se atrevieron a criticar el muro de Berlín, como tampoco al régimen de Maduro. En nuestra historia, pareciera que el marco constitucional nunca ha sido rígido y más es el tiempo en el que ha predominado la flexibilidad y las excepciones; obligándonos a sacrificar las interpretaciones apegadas a una estricta coherencia, las cuales exigen una mayor disciplina para la que, al parecer, no estamos muy preparados.
Tal parece que la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos, ante lo cual la población ha respondido con gran capacidad de adaptación. Los cambios y desarrollos son rápidos y acumulativos, lo que lleva a pensar que la solución a los problemas que nos afectan va por caminos que no son sencillos ni arbitrarios, sino más bien por enfoques estratégicos de largo plazo y más participativos con verdadero compromiso de las partes intervinientes.
Hablando de largo plazo, no es que nos hayan faltado proyectos. Haciendo memoria podemos recordar Chavimochic, Olmos, el Gas de Camisea, Las Bambas, Majes-Siguas, así como otros de desarrollo agropecuario y forestal, los Aeropuertos de Provincias y el desarrollo de la Aviación Nacional, entre otros que los lectores fácilmente pueden identificar. No podemos dejar de mencionar los relacionados con el agua, en especial en la ciudad de Lima, el tren de cercanías, la vía periurbana, los puertos secos, entre otros que no hemos sido capaces de hacer realidad o de darles forma para lograr el mejor uso de los recursos disponibles. De hecho, hay inversionistas privados que están presentes en estas actividades y que pudieron compatibilizar intereses con aquellos del bien general y hasta ejecutar las obras, de haber encontrado el financiamiento correspondiente. Sin embargo, se prefirió ejecutar otros proyectos, claramente distorsionados y de segunda importancia, todo lo cual revela que el problema está principalmente en los hombres y no tanto en los sistemas o la organización del Estado (ver Nota 1).
Antes de continuar con el desarrollo histórico, es importante hacer una descripción de los métodos que emplea el grupo dominante, responsable de las dudosas decisiones aludidas en el párrafo anterior. Esta descripción es importante porque nos ayudará a darnos cuenta del cómo hemos llegado a la crisis que hoy estamos enfrentando.
En Reddeportiva.net hemos insistido en que la crisis que vivimos se debe a la escala de Valores y Principios vigente en la sociedad, en especial al orden en que están priorizados, lo que determina las preferencias y el comportamiento predominante. En las líneas que siguen, daremos una interpretación de lo que constituye el meollo de la tesis que estamos defendiendo. Afirmamos que no es necesario que se crucen balas o que salgan los tanques a la calle para que se produzca la violación de los derechos humanos. En el siglo XX, se produjeron abusos, enfrentamientos y controversias que nos llevaron a la acumulación de males que terminaron en actos de la mayor violencia. Es decir, no fuimos capaces de detener la escalada. También se dieron los métodos blandos como son el manejo y la manipulación de la opinión pública utilizando la publicidad, las promociones y los titulares de periódicos, entre otras prácticas, todo lo cual se ha vuelto a utilizar en el siglo XXI. La diferencia está, en que el uso de los medios de comunicación en los últimos tiempo solo es comparable con el que se diera en los regímenes totalitarios, imaginados en la novela 1984, pero con mayor sutileza que lo presentado por la película basada en la mencionada novela.
El grupo dominante deberá ser identificado por el Ministerio Público con el fin de exigirle las cuentas del caso. Con el fin de precisar la idea que queremos presentar, es importante decir que este grupo tiene en muy alta prioridad el principio de “a mis amigos, todo; a los otros, la Ley”. Este principio tiene consecuencias inmediatas en que los proyectos que van a caminar en forma económica son los de los allegados. En cambio, los proyectos que no cumplen estas condiciones serán frenados y convertidos en no rentables. Otra consecuencia inmediata es el “doble patrón de conducta” con el que se crea una reprobable discriminación y se afina el proceso de incorporación al grupo. Un tercer principio es el de esperar la devolución de favores con el que se afinan los entendimientos y el lenguaje encriptado que será utilizado para disimular la crudeza de los tratos. Estamos seguros que esta lista puede extenderse abarcando muchos más casos.
Creemos conveniente también hablar de la estructura. En el grupo dominante se puede identificar el núcleo duro, un círculo de clientela y otro círculo de oportunistas. Merece atención el segundo componente de los nombrados porque se encarga de los trabajos sucios, sobre los cuales el núcleo duro prefiere no preguntar. Los oportunistas, son personas con habilidades que pueden desempeñarse con autonomía y en eso se distinguen del grupo anterior.
Una vez más tenemos que afirmar que no hemos sentido la gran estafa de la que hemos sido víctimas porque todavía no la hemos pagado. Mucho se encuentra por pagar. Está en manos del Gobierno Central contratar las asesorías de abogados especializados en los fueros internacionales correspondientes con el fin de obtener la mejor defensa.
Es en este contexto de ejercicio del poder, que nos gustaría decir algunas palabras sobre lo visto en la última sesión del Tribunal Constitucional, en que se presentaron distintos puntos de vista sobre la Demanda Competencial planteada por el Presidente del Congreso. Creemos que el acuerdo preliminar al que se llegó obedece, en alguna medida, a la situación descrita líneas arriba sobre el hecho que “en nuestra historia, pareciera que el marco constitucional nunca ha sido rígido”. Que durante la mayor parte del siglo XX se vivió bajo el estado de excepción. Que era muy común vivir permanentemente bajo la suspensión de las garantías tanto individuales como sociales. Situación que cambió durante el gobierno de Fujimori en que casi todo el territorio nacional alcanzó una normalidad ideal, de la que estaríamos retrocediendo con el nuevo acuerdo del Tribunal Constitucional.
Evidentemente, la resolución del Tribunal Constitucional deberá cumplirse cuando nos llegue por escrito la versión firmada, pero es evidente que no podemos estar de acuerdo con lo que hemos visto y escuchado, porque literalmente se nos está aplicando doctrinas del siglo pasado en el que la norma fueron los regímenes autoritarios en los que la persecución fue la norma.
Queremos insistir en un análisis del tipo sentido común, que creemos tiene su importancia. Comencemos con el Diccionario de la Real Academia el que afirma “De confianza: Dícese de la persona en quien se puede confiar”. Esta idea refuerza el concepto que usted amigo lector tiene en el sentido que si usted pide que le tengan confianza es para que usted pueda hacer algo y no para forzar a la otra parte a hacer lo que no quiere o lo que no le gusta.
Los argumentos de quienes se inclinaron por desestimar la demanda fueron interesantes, vistos en forma aislada; pero evidentemente mostraron contradicciones cuando se trató de verlas formando un conjunto o por entero. Entre las expresiones de principios se dijo que la resolución sería eminentemente técnica porque los Tribunos no eran políticos. Que se usarían criterios eminentemente jurídicos, lo que no fue así. Uno de los argumentos fuerza señaló que el Poder Legislativo no había actuado con lealtad ante el Poder Ejecutivo. No vemos como dos organizaciones distintas, con intereses propios que defender, deban tener unidad en sus decisiones. Consideraríamos que podría haberse presentado deslealtad si se hubieran violado normas, pero nunca cuando se ha actuado dentro de sus propias facultades. En el caso concreto, el ministro tiene, en el texto constitucional, las mismas facultades de cualquier congresista menos el voto, por lo que no podía ir en contra de las facultades del Presidente del Congreso.
Opinamos que fue al contrario, lo que podremos comprobar con el correr del tiempo, la deslealtad fue de parte del Poder Ejecutivo al presentar su pedido en la sesión del Congreso forzando una agenda acordada con la debida anticipación. El tema de la deslealtad no tiene efectos jurídicos para el caso, porque se trata de lucha política en el que cada uno de los poderes busca apoyo para propias sus iniciativas.
Otro tema fue el pedido para que la cuestión de confianza se viera en forma inmediata. El Congreso está facultado en forma taxativa por la Constitución para ver la cuestión de confianza en la siguiente sesión del mismo, la cual bien podría ser programada para el día siguiente. Por lo tanto, no surge conflicto alguno para tocar el tema en la tarde del mismo día, porque quien puede lo más, puede lo menos.
Quienes desestimaron la demanda recurrieron a medias verdades. Se argumentó que puede haber la negación de la confianza implícita o de hecho. Esto puede ser, pero es una media verdad, porque el Congreso, cumpliendo con el procedimiento de Ley, acordó tratar el tema en la tarde del mismo día, momento en que se acuerda darle la confianza al Ministro. Esa otra mitad de la verdad fue ignorada. La forma también es importante. En algún momento, el Ministro renunciante debió dejar constancia escrita que la confianza le había sido denegada, lo que aparentemente no existe.
Por más que quieran negarlo, el Tribunal Constitucional con la denegatoria abriría una puerta muy ancha precipitando las posibilidades de caer en un régimen de gobierno tipo chavista, porque pretextos los habrá de todo tipo.
El Perú de hoy tiene la responsabilidad de estudiar qué es lo que nos ha sucedido para caer en la falta de instituciones estables que hoy soportamos. Las Leyes Sociales en el Perú siempre se han caracterizado por ser de avanzada, aunque también por ser altamente desacatadas. No nos ha faltado iniciativa, pero el hecho es que la realidad ha superado toda previsión. Mucho ha fallado en la sociedad peruana. En nuestra opinión, el sector que peor ha funcionado ha sido el profesional. Esta opinión se fundamenta en el hecho que el principal problema de la sociedad peruana actual es el de los Valores y Principios vigentes; y, son los profesionales los llamados a defender su correcta aplicación (ver Nota 2).
Con el cariño de siempre,
Notas anteriores sobre el tema: https://reddeportiva.net/principal/?cat=200
Nota 1: https://reddeportiva.net/principal/?p=110084
Nota 2: https://reddeportiva.net/principal/?p=112687