Entendemos que en nuestro país se produce un drástico cambio en la gestión del Estado Peruano, a partir del gobierno del Presidente Odría, cuando se aprueban importantes cambios en la legislación minera, con notorias consecuencias en el incremento de los ingresos públicos que no han dejado de crecer hasta nuestros tiempos.  En forma paralela, también se ha producido una acentuada complejidad en la gestión pública siguiendo lineamientos del desarrollo de los mercados internacionales.

Lamentablemente, estas circunstancias han sido aprovechadas por un grupo mafioso para enriquecerse indebidamente, mediante la creación de un orden social y legal muy distorsionado el cual resulta imperativo corregir con relativa urgencia.

Ahora, se hace necesario dar una mayor importancia a la vinculación de intereses y no tanto a las palabras que han perdido mucho de su valor.  También debemos estar conscientes de la existencia de grupos dedicados a desinformar a la población, con el fin de manipular a la opinión pública en su propio beneficio y con perjuicio del bien común.

Queremos insistir en que la solución de nuestros problemas pasa por el poner más atención a los Valores y Principios, que orienten las conductas en una sociedad la cual debe estar convencida de la importancia del deber cumplido y de la necesidad de reparar y corregir tantos años de dolosas gestiones.

El primer principio que, en nuestra opinión, debemos enmendar lo encontramos en la facilidad con la que aceptamos el doble patrón de conducta.  Nuestro país tiene en muy alta estima la honradez, la honestidad y la laboriosidad.  Debemos modernizarla incorporando la tolerancia y la preeminencia del bien común de toda nuestra nación.

Creemos que el proceso de madurez, que se viene dando en el conjunto social, puede ser acelerado para lo cual se debe tener en cuenta la acción perniciosa del grupo dominante y su accionar estratégico de dominación el cual es necesario neutralizar (ver nota del 1/02/2019 en https://reddeportiva.net/principal/?cat=36) con el fin de establecer las prioridades correctivas del caso.

Seguir un esquema de confrontación nos lleva necesariamente a un receso del Congreso Nacional y a nuevas elecciones presidenciales.  Eso sólo se produciría si los intereses creados se sobreponen a los poderes públicos, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público.

No se trata de revolucionar a golpes la gestión, ni de cambiar todo de la noche a la mañana.  Se trata de tomar medidas trascendentes que confirmen la existencia de una gestión orientada en la dirección correcta, capaz de superar los males que estamos sufriendo.

La sociedad debe estar prevenida de que, estas acciones de gobierno, necesariamente desatarán una tormenta de ataques, encubiertos o no, que llegarán a niveles personales, en relación inversa con la validez de sus argumentos.  Siempre se podrá dar medidas correctivas, pero nunca serán aceptables los bandazos y menos el engaño.

Toda Ley tiene un espíritu o sistemática que debe respetarse.  Este principio también es válido para aquellas que amparan los procesos de colaboración con la justicia.  Siempre existirá la posibilidad que se presente alguna interpretación que tergiverse los supuestos previstos por el legislador, en cuyo caso tenemos al Poder Judicial para corregirla.

Es importante que entendamos que, cuando hablamos de institucionalidad y de la razón de ser de las leyes, las oportunidades que se presenten no pueden dejarse pasar sin que se deba asumir las consecuencias directas de los méritos y las falencias de las decisiones tomadas.  En este quehacer, también se encuentra la asignación de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos,  como parte de la responsabilidad por la cual responder.

Pendiente está la aprobación de la confianza del nuevo gabinete.  El tema de la última interpelación al Ministro de Justicia tiene la suficiente importancia como para exigir un trato destacado y preferente en la sustentación del Plan de Gobierno.  Rogamos que estas circunstancias, sirvan para confirmar una real y firme confianza mutua entre los Poderes Públicos, que deben estar dispuestos a asumir su propia responsabilidad; y, de los cuales se espera que den la talla en el cumplimiento de su deber.

Está claro que el punto de partida es una situación heredada, producto de décadas de gestiones entre dolosas y negligentes que no solo han producido un cuerpo legislativo lleno de contradicciones, que da para fundamentar cualquier conducta; sino que, también vienen generando una situación de compromiso económico financiero claramente injusto que debe ser corregido sin que pueda alegarse vacíos legales.  Ejemplos los tenemos en la historia y no es del caso mencionarlos en esta oportunidad.

Es evidente que se requiere un alineamiento constitucional, pero también creativo.  En ese sentido, vemos con buenos ojos la iniciativa de la Congresista Vilcatoma que abre la oportunidad para que el Ministerio Público pueda reevaluar su progreso.  Pero mejor hubiera sido que las soluciones surjan dentro del marco de la propia institucionalidad, la cual debe ser entendida como habitando un entorno dinámico, en especial cuando se tiene una Constitución con tan pocos años de aprobada.

No se puede dejar de mencionar que el poder público, en especial el ejecutivo por ser éste el que dispone del grueso del egreso presupuestal, se ha caracterizado por excesos al combatir a los opositores y a todas aquellas personas con intereses contrarios a los propios, en forma tal que se ha creado una gran desconfianza hacia el Estado, de parte de toda la ciudadanía.  Caería muy bien en ésta, el dar cuenta de actos de contrición por parte de aquellos.  Mención especial merece el periodismo local al cual se considera como un muñeco o marioneta que se usa para combatir a los grupos contrarios.  Esta situación también debe ser corregida prontamente para convencer a la opinión pública que existe el propósito de enmienda.

Con el cariño de siempre,