La pretensión del Gobierno al presentar un nuevo proyecto de modificación de la Constitución relacionado con la vacancia presidencial es claramente una maniobra dilatoria para retrasar la entrada en vigencia de una solución cuya discusión había terminado ya en el Congreso Nacional relacionada con las cuestiones de confianza. Más aún si observamos que el proyecto presentado por el Gobierno asumía una posición extrema que retiraba del campo político una cuestión de la mayor trascendencia, restringiéndola a la decisión de una comisión médica nombrada a dedo en un procedimiento más vulnerable que nombrar a los que cuentan los votos en un proceso electoral; lo que nos hace pensar que la solución de este segundo tema tiene muchos meses por delante.